El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  había ubicado a los manteros en un predio para capacitarlos, pero luego no pagó más el alquiler del lugar desde que comenzó la pandemia y alrededor de 200 familias fueron desalojadas.

En el 2017 el Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires reprimió a los manteros para desalojarlos de la zona del bario porteño de Once y los ubicó en predios privados en donde serían capacitados por el Estado para luego insertarse nuevamente al mercado laboral. En 2018 ya se había rescindido uno de los contratos para referenciar un ajuste presupuestario y desde comienzos del 2020 se dejó de pagar el alquiler del otro terreno donde se encontraban. Actualmente,  más de 200 familias de manteros vuelven a quedar expuestos por  un nuevo desalojo inminente, mientras que  el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no brinda una respuesta y litiga en contra del dueño del terreno «por ocupación indebida» de los terrenos, lo que representa una deuda de 20,6 millones de pesos.

Rodriguez Larreta enfrenta un juicio por usurpación de los terrenos que alquiló y que no paga como es debido, donde ubicó a más de 200 familias de manteros para que vendan sus productos, al tiempo que decía capacitarlos. Esto había sido el acuerdo que brindó la administración porteña a los vendedores para sacarlos de la avenida Pueyrredón en el barrio de Once. «El objetivo era poner un predio para que vendan, a fines de 2016, en un terreno de mi cliente, y los iban a instruir para ingresar en el mercado laboral», comentó, Fernando Mercuri, abogado representante del titular de los dos predios en juicio.

En el mes de diciembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, alquiló, entre otros varios, un predio de 2800 metros cuadrados donde funcionó en su momento, la empresa Río Estudiantil. En el 2017, el gobierno de Rodriguez Larreta desalojó, con represión, a los manteros que se encontraban trabajando en la avenida Pueyrredón y se los trasladó a los predios antes mencionados.

El contrato de alquiler era por tres años, desde el 1° de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2019, cuando debía hacerse entrega de las instalaciones «libre de toda ocupación». El contrato suscripto tenía una cláusula donde decía que se podía prorrogar por seis meses. El canon de alquiler del terreno más chico, El Mercado, era de 250 mil pesos por mes, en tanto que el más grande, La Rioja, se acordó en 400 pesos por mes. Este último se alquiló desde el 1° de diciembre del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2019, a la vez, prorrogable por seis meses más.

En el momento en que se alquiló el segundo predio se rescindió el contrato del primero. «Hubo algún funcionario de la Ciudad que quiso mostrar un ajuste en el Presupuesto y directamente lo rescindió dejando unas 60 familias allí hasta hoy», expresó Mercuri. En tanto, el otro contrato venció y el Gobierno de la Ciudad dejó de pagar el alquiler directamente. Hoy día el dueño de los terrenos, Manchego Alberto Dardo, solicita el pago de 11 millones de pesos por el predio El Mercado y 9,6 millones por el predio de La Rioja, al tiempo que  reclama la desocupación del terreno. Actualmente, continúa ocupando el inmueble «sin abonar los cánones locativos»,  desde el mes de junio de 2019 hasta ahora,  en uno de los locales,  y desde mayo en otros.

La construcción está construída en sótano, con una planta baja y alta. En el primer piso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las ocupó para instalar oficinas de educación vial, donde se ofrecerían  charlas de perspectiva de género. Actualmente, con la situación emergente de la pandemia, esas oficinas no son utilizadas.

La planta baja funciona como una galería comercial, conformada por locales contiguos y cuenta con sanitarios precarios hacia el fondo del predio. Las puertas del predio se abren a diario para que los feriantes, en un marco de mínimo movimiento comercial, puedan vender y poder mantener a sus familias. Los mismos trabajadores  feriantes se ocuparon de los arreglos y mejoras de los galpones utilizados para realizar la feria.

«Varios invertimos en el lugar. Se hizo el techo que no había. Acá hay gente de todos lados. Le ofrecimos hasta pagar todos los insumos. Hasta pusimos el medidor», expresó Norberto Lanvers, feriante y administrador. «El Gobierno porteño había ofrecido un montón de cosas y no cumplió uno: la capacitación, la publicidad de la ferias y la generación de talleres, entre otras cosas. Y nada. Encima, no hay movimiento económico y no se hace nada de ventas», advirtió.

La mayoría de los feriantes, ya con muy poco ánimo, dada la situación, están esperando que se lleve a cabo el desalojo dispuesto, en tanto que otros mantienen la esperanza  de una solución que les permita permanecer allí con su habitual actividad comercial. Durante  las negociaciones, desde el gobierno de Rodriguez Larreta se esgrimió la posibilidad de trasladar a los feriantes a unas instalaciones ubicadas en el barrio porteño de Barracas. «A nosotros no nos ofrecieron nada», indicó Lanvers. «No sabemos qué destino le darán», concluyó Mercuri.