Mediante un proyecto de ley, Juntos por el Cambio propuso incluir el reparto de subsidios, las transferencias discrecionales y las alteraciones presupuestarias en el proceso electoral como prohibiciones.

La vicepresidente del bloque UCR de la Cámara baja , Carla Carrizo, junto a 30 diputados nacionales de Juntos por el Cambio, solicitó actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral unido al uso de recursos públicos para poder incorporar el reparto de subsidios, las transferencias discrecionales y las alteraciones presupuestarias durante todo el proceso electoral como prohibiciones.

Asimismo, se establecen expresamente  las sanciones a funcionarios que mantengan conductas clientelares debido a la cantidad de actos que han sucedido  durante las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y que no poseen una tipificación específica en la ley.

De esta forma, estaría prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha establecida  para las elecciones las PASO ,primarias, abiertas y simultáneas, y durante 30 días anteriores a la fecha establecida  para las elecciones generales, el reparto de subsidios y/o transferencias no contempladas en el Presupuesto Nacional o a nuevos beneficiarios, como también el acuerdo  de convenios administrativos entre Nación, Provincias y Municipios para la ejecución de los recursos públicos.

Asimismo,  estaría vedado los 25 días anteriores a las elecciones primarias la concreción de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance general y la consecución  de todo acto de gobierno que pueda promocionar  la captación del voto a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten y además, se prohíbe el uso de bienes de propiedad del Estado para actos de campaña electoral.

Por otra parte, los funcionarios públicos que habiliten la publicidad de actos de gobierno serán pasibles de inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos.

Asimismo, se establecerá  prisión de hasta tres años e inhabilitación de uno a ocho años para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, al funcionario público que condicione la prestación de un servicio público, la entrega directa de bienes, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, lista interna, candidato o agrupación política.

“En las democracias en general y en Argentina en particular, la Ética Pública -el gran debate ausente- de los funcionarios de gobierno no se debe suponer se debe regular. No alcanza con las cautelares de la justicia electoral, el poder debe entender que en las elecciones no se compite haciendo trampa. Y el clientelismo estatal es un acto de profunda arbitrariedad que a 38 años de la democracia en Argentina y con el 50% de los ciudadanos con pobreza estructural no se puede permitir, ni avalar”, comentó la candidata radical acerca del proyecto.

“Las cautelares de la Justicia electoral minimizan daños menores, pero no impiden transferencias enormes a las provincias que van para los gobiernos en elecciones o para la caja política, no para la ciudadanía”, sentenció  Carrizo.