La Nación y Ciudad intercambiaron dos predios, de los cuales uno de ellos se convirtió en un paseo gourmet. Asimismo, se abrió una causa por administración fraudulenta por el procedimiento en que se realizó el traspaso interjurisdiccional. Por otro lado, en la empresa que ganó la licitación ingresaron familiares directos del amigo de Mauricio Macri, Nicolás Caputo.

El magistrado federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación judicial acerca del modo en que la Nación le cedió a la Ciudad el predio conocido como el Mercado de los Carruajes. Por otro lado,  el Gobierno porteño desarrolló un “paseo gourmet con una impronta saludable y sustentable». A la vez,  el paseo gastronómico cuenta con unos 20 locales que brindan diversas variedades de alimentos.

Este predio pertenecía a la Nación, pero en 2016, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, se comenzó a negociar un intercambio. En esa ocasión La Nación cedió el edificio histórico de Alem 852 que había servido para conservar los carruajes de la Presidencia de la Nación y que en los últimos años se usaba como garaje de los autos asignados a la flota de la Casa Rosada. Ahí la Ciudad le cedió a la Nación un garaje subterráneo situado a unas cuadras del lugar.

Asimismo, el proceso de intercambio inició en 2016 cuando la Ciudad le solicitó a la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE) la cesión del predio histórico para destinarlo a construir un polo gastronómico parecido a los mercados ubicados en algunas capitales europeas. A la vez, al frente de la AABE se encontraba Ramón Lanús.

La solicitud fue hecha por la Dirección de Desarrollo Gastronómico de la subsecretaría de Bienestar Ciudadano que dependía de la vicejefatura de Gobierno, el vicejefe de Gobierno era el actual diputado nacional Diego Santilli. Asimismo, la secretaría General de la Presidencia, por entonces a cargo de Fernando De Andreis acordó el intercambio pero reclamó que el lugar cedido por la Ciudad estuviera acondicionado según las necesidades de la flota de Presidencia.

En el momento en que De Andreis le comunicó a la AABE que la secretaría General de la Presidencia no tenía objeción para que se realizara el intercambio adicionó esa condición: “En este sentido, resulta de imperiosa necesidad que el nuevo inmueble posea las mismas características que el anterior en cuanto a su uso como cocheras y servicios anexos, debiendo contar con control de acceso, sanitarios, vestuarios para choferes, una oficina administrativa para ocho personas, espacio de talleres y depósito de materiales e insumos automóviles, lavadero para dos autos simultáneos, sala de descanso, y cocheras para noventa y cinco autos”. Asimismo De Andreis le solicitó a la AABE que se hiciera cargo de la operación.

En este caso, La Nación cedía un predio antiguo que era utilizado como cochera y que tenía espacio para 95 autos. Y al momento, recibía un estacionamiento subterráneo que podía albergar a 480 autos. De esta forma, la Ciudad restauraría el edificio de los Carruajes y conservaría su fachada de carácter histórica. A la vez, en 2017 quedó sellado el convenio luego de varias adendas que cambiaron sustancialmente las condiciones del intercambio. Asimismo, la Ciudad solicitó quedarse también con el primer piso del viejo edificio y la Nación lo cedió. Esta cesión interjurisdiccional de ambos inmuebles se efectibizó por 20 años por una última adenda suscripta en 2019. Al comienzo, el convenio era por cinco años.

Con la modificación de autoridades nacionales se revisaron varias de las cesiones de predios que hizo Nación a Ciudad en el gobierno de Macri. Asimismo, una auditoría de la AABE cuestionó la cesión del Mercado de los Carruajes. Uno de los más importantes cuestionamientos a aquella cesión fue que para acondicionar el estacionamiento subterráneo la secretaría General de la Presidencia, o sea, el Gobierno nacional, abonó una cifra próxima a los 4 millones de pesos en obras. La empresa que lo hizo es Caduri. Ese movimiento ocasionó un perjuicio para el Estado nacional.

Así lo creyó conveniente la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Félix Crous ya que a causa de la auditoria de la AABE presentó una denuncia en el fuero federal por el delito de administración fraudulenta. Asimismo, el caso le tocó al magistrado federal Lijo. Allí Interviene en la causa el fiscal Carlos Stornelli quien promovió la acción penal y pidió varias medidas de prueba. A la vez, cuando inició el caso, Stornelli había solicitado que se remitieran al juzgado los expedientes de Nación y Ciudad sobre el intercambio de inmuebles. A la vez, que se efectuara una tasación de ambos edificios, y por otro lado, que fueran citados a declarar los auditores de la AABE.

Por otro lado, en un primer momento el magistrado Lijo ordenó la remisión de los expedientes y encargó a los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tasasen las dos propiedades. A la vez,  se pidió a la Inspección General de Justicia información acerca de la empresa que resultó adjudicataria del contrato por el arreglo de las cocheras que entregó la Ciudad pero que abonó la Nación: Cuduri.

Al mismo tiempo, según fuentes judiciales, el juez Lijo ordenó otras medidas de prueba que, además de ahondar más en la investigación del trámite del intercambio comenzado en 2016 y concretado en 2017, ponen la mira en la explotación del paseo gastronómico y la sociedad que se quedó con la concesión.

Asimismo, Lijo le envió un oficio al secretario general de la Presidencia de la Nación, Julio Vitobello, para que de ésta forma informe qué obras se realizaron en el estacionamiento llamado “Bouchard 1″, ubicado en Alem entre Sarmiento y Perón,  que fue cedido por la Ciudad de Buenos Aires a cambio de obtener el predio de los carruajes presidenciales. A la vez, Vitobello deberá  informar qué empresa realizó la obra, cuáles fueron las adecuaciones que se hicieron, el costo y si hoy día el predio se éstá utilizando.

Por otro lado, Lijo le envió un oficio a Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, para que informe acerca de un aspecto del intercambio de predios entre Nación y Ciudad en la época de Macri y Rodriguez Larreta. Por otro lado, Lijo solicitó que Ferrario informe acerca de si la adenda por la cual el convenio de cesión se extendió a 20 años,  pasó o no por la Legislatura de la forma en la que se había determinado.

A la vez, en otro de los oficios, Lijo le solicitó al ministro de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Giusti, que informe sobre dos aspectos vinculados con el Mercado de los Carruajes. El magistrado quiere saber qué organismo del Gobierno de la Ciudad se encontraba a cargo de las refacciones, cuánto costaron las obras para poder reciclar el lugar, qué empresas las realizaron y quién se hizo cargo de los gastos.

Asimismo, Lijo pidió  información acerca de la explotación del Mercado de los Carruajes. Por otra parte, la Ciudad debe informar qué organismo del Estado se encuentra a cargo de la administración de ese espacio público y quiénes son los beneficiarios de la concesión en la planta baja como en el primer piso del Mercado de los Carruajes. Al mismo tiempo, la empresa que se quedó con la licitación fue el grupo inversor Athenée Groupe, dirigida por Horacio Blanco.

En el año 2018 en la firma Mercado de los Carruajes S.A continuadora de Athenée Groupe en la concesión del predio, se agregaron dos familiares directos del empresario Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” de Mauricio Macri y relacionado a varios negocios en la Ciudad. Por otra parte, la empresa que sacó la licitación por el nuevo sistema de estacionamiento medido de la Ciudad de Buenos Aires tiene vínculos con familiares de Caputo. Asimismo, el Gobierno subastó los terrenos del ex Tiro Federal para construir allí el Parque de la Innovación: una de las parcelas del lugar fue adquirida por una empresa de Caputo. Por otra parte, a la sociedad anónima Mercado de los Carruajes que explota el espacio entraron en el mes de diciembre de 2018 una hija y un sobrino de Nicolás Caputo.

Desde el inicio de la denuncia de la OA quedaron envueltos en una investigación en la causa Lanús, Santilli y De Andreis. Y de acuerdo a las medidas ordenadas por Lijo en los últimos días, la lista puede extenderse. A la vez, de acuerdo a lo que pudo corroborar Infobae, Santilli y Lanús designaron abogados defensores por lo que se dieron por imputados en esta causa. Asimismo, De Andreis hasta el momento no nombró un abogado en el expediente.