Las diferentes organizaciones barriales se nuclearon en la Interbarrial Buenos Aires para organizar acciones contra el avance de los negocios inmobiliarios y su consecuencia en los barrios porteños.

Así, las organizaciones vecinales nucleadas en la Interbarrial Buenos Aires emitieron un documento conjunto en el que se declararon en «emergencia urbanística ambiental» y reclaman la «modificación inmediata» del Código Urbanístico (CUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en el documento de lanzamiento de la Interbarrial, las organizaciones aunaron las preocupaciones que ya vienen denunciando por separado y advirtieron sobre la «proliferación desenfrenada» de las construcciones habilitadas por el código aprobado en 2018.

En tanto, varias de las agrupaciones ya presentaron proyectos de ley para modificar el CUR en sus barrios pero a la vez buscan un cambio integral en la normativa para toda la Ciudad de Buenos Aires.

En el día de ayer lunes las cuentas de Instagram de las organizaciones barriales porteñas reflejaron la misma placa. En ese lugar, sobre fondo rojo, se leía en letras blancas: «Nos declaramos en estado de emergencia urbanística ambiental». Por otra parte, la placa llevaba la firma de Interbarrial Buenos Aires, el colectivo de organizaciones vecinales originado  con la publicación del documento pero que ya venía trabajando en unificar las preocupaciones de los vecinos y vecinas de los barrios.

A la vez, en la Interbarrial participan los barrios de Almagro, Bajo Belgrano, Boedo, Caballito, Chacarita, Coghlan, Parque Chas, Balvanera, Flores, Núñez, Palermo, Saavedra, San Cristóbal, Villa Ortúzar, Villa Crespo, Villa del Parque y Villa Santa Rita. Paralelamente, el documento continua sumando adhesiones. Asimismo, a partir de la aprobación en 2018 del nuevo CUR, las organizaciones vienen verificando y denunciando los efectos de la flexibilización en la normativa y ahora enunciaron seis «consecuencias» concretas que comparten en todos los barrios que conforman la Interbarrial.

Así, en primer lugar, advirtieron acerca del «aumento exponencial» de los volúmenes y de las alturas constructivas habilitadas por la nueva normativa, y el avance sobre los pulmones de manzana, líneas de frente y de retiro. Luego, en segundo lugar, denunciaron la «proliferación desenfrenada de demoliciones y de construcciones que dañan viviendas y afectan la identidad de los barrios, y la calidad de vida de vecinos y vecinas».

En tanto, más allá de lo constructivo, las organizaciones a la vez  advirtieron sobre la «ausencia de regulación estatal que deriva en la saturación de servicios públicos», entre los que se encuentran la electricidad, el gas, las cloacas, los estacionamientos, establecimientos de salud y escuelas. Al mismo tiempo, reclamaron contra «el estallido de la explotación comercial y la saturación de usos del suelo, el avance sobre los espacios verdes y la destrucción y pérdida del arbolado urbano necesario para el medio ambiente, que disminuyen la ya insuficiente relación de metros cuadrados verdes por habitante».

«No se trata de una simple ‘percepción’. En tanto, sólo hace falta transitar  por cada uno de estos barrios para observar cómo desaparecen. Asimismo, los desarrollos inmobiliarios actuales no resuelven la crisis habitacional, sino que acrecientan la cantidad de unidades ociosas. Por otra parte, se promueve explícitamente los alquileres temporarios, el blanqueo de capitales y la renta en dólares, sin políticas reales de acceso a la vivienda. Por ello, la especulación financiera inmobiliaria avanza de acuerdo a intereses unilaterales», indicaron las organizaciones en el documento.

Por otra parte, la Interbarrial requirió «la modificación inmediata del Código Urbanístico» con «la opinión vinculante de los habitantes». Mientras esto no ocurra, exigieron «la suspensión inmediata de otorgamiento de permisos de demolición, de certificados urbanísticos y de permisos de obra nueva de más de cien metros cuadrados para construir edificios hasta revisar la norma vigente».

En tanto, varias de las organizaciones que integran el colectivo ya presentaron en la Legislatura de la Ciudad  proyectos propios para intentar modificar la normativa urbanística en sus barrios. Asimismo, los casos de Núñez y Belgrano son los únicos, en haber tenido éxito al lograr que sus proyectos lleguen a ser aprobados dentro del recinto. En esos casos se limitaron alturas o capacidades constructivas para zonas específicas de los barrios, como Lomas de Núñez.

Por otro lado, en Villa del Parque, Villa Ortúzar, Chacarita o Palermo, por ejemplo, todavía no tuvieron esa suerte y sus iniciativas continúan sin ser debatidos en comisiones. Asimismo, en las últimas semanas, vecinos del barrio  de Caballito, Boedo, Almagro y Balvanera empezaron  a reunirse para evaluar acciones a seguir ante las situaciones que padecen sus barrios. En tanto, el documento unificado de la Interbarrial se dirige, a una modificación integral del CUR, más allá de las circunstancias concretas de cada área de la Ciudad de Buenos Aires.