Las organizaciones llevaron adelante un acto en el centro de la Ciudad de Buenos Aires reclamando por una ley contra el negacionismo, en medio del conflicto por el posicionamiento del Gobierno de Javier Milei.
En tanto, una multitud que nucleó movimientos políticos, organizaciones sociales, estudiantiles, de Derechos Humanos y sindicales colmó este 24 de marzo la Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario por el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, a 48 años del Golpe de Estado cívico-militar de 1976.
Por otra parte, los organizadores del acto manifestaron su rechazo al posicionamiento del Gobierno que conduce Javier Milei y exigieron una ley que condene el negacionismo. “Frente a este Gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias, representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, indicó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto.
Asimismo, en el documento que leyó cerca de las 15hs frente a los miles de presentes, la referente de los Derechos Humanos, recalcó: “Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado. ¡Son 30.000!”.
Al mismo tiempo, se le solicitó «a los representantes del pueblo, diputados, diputadas, senadores y senadoras» que rechacen «por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus, que son de nulidad absoluta».
Por otro lado, en un tramo leído por la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, indicaron: «Milei pide poderes absolutos para destruir el país y obligar a los gobernadores a que firmen la aprobación de la Ley Ómnibus antes del Pacto en Córdoba el 25 de Mayo. Es una extorsión y una traición a la Patria. El gobierno quiere arrastrar al país a una dictadura del Mercado».
A la vez, el documento enfatizó en la necesidad de castigar a los «partícipes civiles» en el terrorismo de Estado: «Todavía falta mucho. Los partícipes civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos JUICIO Y CASTIGO YA».
«Seguimos reclamando y preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN LOS CUERPOS DE NUESTROS DESAPARECIDOS? ¿DÓNDE ESTÁ JULIO LÓPEZ? Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos en libertad. Los detenidos son menos de 700 y más del 75 por ciento están en arresto domiciliario», indicó el documento.
