Vecinos de Saavedra plantearon su reclamo en la reunión de seguridad en la Comuna 12 y en la Comisión del Consejo Consultivo que tratará esta problemática.

Asimismo, vecinos del barrio de Saavedra, que rechazan la construcción de cárceles modulares en la Comisaría Comunal 12 de Ramallo al 4300, participaron ayer jueves en la reunión del ciclo Seguridad en tu barrio, que se realizó en el Club La Emiliala de Villa Pueyrredón.

Por otra parte, seguridad en tu barrio es una propuesta del Gobierno porteño que consta de 16 reuniones mensuales simultáneas entre vecinos, jefes comunales, comisarios y funcionarios porteños. Impulsadas desde la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, las reuniones buscan “involucrar a la ciudadanía en los temas de seguridad de manera directa y presencial”.

A la vez, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló esta semana las primeras unidades de las cárceles conteiner en la Comisaría Comunal 12. En paralelo, vecinos y vecinas del Consejo Consultivo Comunal 12 elevaron pedidos de informes a las autoridades porteñas y comunales.

Por otro lado, el próximo lunes  las 19.30 horas se reunirá la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo para el tema “Módulos de seguridad en la Comisaría N°12 de la Comuna 12”. A su vez, los vecinos y vecinas promueven una petición en la plataforma Change.org en rechazo a esta medida. Ya cuenta con más de 1600 adhesiones.

“Saavedra se va a convertir en una cárcel. Las políticas de gobierno tienen que ser serias y con medidas responsables para la comunidad y su entorno. Los vecinos de toda la Comuna 12 pedimos la anulación de la sede en Saavedra y la urgente relocalización de la misma”, sostuvieron.

Al mismo tiempo, el Gobierno porteño tomó la medida de instalar cárceles modulares en el marco de sucesivas fugas de detenidos de comisarías porteñas. En la Comuna 12 en abril pasado se habían fugado dos detenidos de la alcaidía de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad, ubicada en la avenida Juramento 4367, en el barrio de Villa Urquiza.

Asimismo, ante la superpoblación de detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, en mayo pasado el Gobierno porteño anunció la instalación de 57 módulos de detención, en tres predios, con capacidad para alojar a 300 detenidos.

De acuerdo a fuentes oficiales, “cada uno de los grupos de 19 módulos rectangulares estarán ubicados en playones o estacionamientos dentro de comisarías: en la Comunal 12, Ramallo 4398 (Saavedra); en la Comunal 15, Guzmán 396 (Chacarita); y en la Vecinal 4D, California 1850 (Barracas)”. También se anunció la creación de una nueva alcaidía en Villa Soldati, en la Comuna 8.

Asimismo, excarcelan a uno de los detenidos en la represión en el Congreso: quedan cuatro detenidos

En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de Facundo Gómez, uno de los cinco detenidos tras la represión en Congreso. A los otros cuatro presos les ratificaron la prisión preventiva.

En el día de hoy la Cámara Federal de Casación Penal decidió, por mayoría, otorgar la libertad a Facundo Gómez, de 31 años, detenido durante la violenta represión a las protestas contra la Ley Bases en el Senado de la Nación, el pasado 12 de junio. La excarcelación fue ordenada bajo caución. Por el contrario, los jueces ratificaron la detención de las otras cuatro personas que habían sido arrestadas cerca del Congreso: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Roberto María de la Cruz y Cristian Fernando Valiente.

Al mismo tiempo, la decisión de la excarcelación es bajo “caución juratoria y las obligaciones e impedimentos que la jueza (María Servini) entienda pertinentes”, señalaron los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que entendieron que la situación de Gómez es distinta al resto de las personas que aún permanecen detenidas. A los detenidos les adjudican delitos como «instar a la violencia colectiva», de «sedición» y «terrorismo», en línea con la fuerte criminalización de la protesta desatada por el Gobierno nacional y ejecutada por fiscal nacional Carlos Stornelli.

Por otra parte, a Facundo Gómez le adjudican los delitos de «intimidación pública» y «atentado contra la autoridad», según dijo su familia «por haber saltado una valla». Gómez es vendedor de café y al momento de su detención estaba hablando por teléfono con su mamá.

«Las características concretas que se le endilgaron a Gómez no poseen conexión con el tenor de las medidas de prueba actualmente en curso, de manera que quepa presumir su posibilidad de entorpecer el normal desarrollo de la instrucción en lo que sigue», indicó Irurzun. Aparte, destacó que carece de antecedentes penales y de otras investigaciones o declaraciones de rebeldía.

El magistrado Boico hizo un breve recorrido por el desarrollo de la causa y las inconsistencias en el proceso judicial que llevó a la detención de 33 personas, delas cuales quedan 4 detenidas. «La causa se origina en el marco de una protesta social, que de suyo reclama incorporar a la valoración conjunta del caso el tópico constitucional involucrado, esto es, el ejercicio del derecho previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional», apuntó e indicó que «un encarcelamiento preventivo en este contexto específico y sin que se avizore la expectativa de una eventual condena de ejecución efectiva podría re-significar la medida hacia otra totalmente ajena a la gobernada por la ley procesal y la Constitución».

«Es el Poder Judicial de la Nación quien debe velar por el respeto irrestricto de los derechos de las personas, todas, e incluso compatibilizarlos adecuadamente cuando pareciera que varios de ellos colisionan», finalizó Boico su argumentación.

En tanto, Farah, a la vez, votó en soledad bajo el argumento de que durante la jornada de aquel 12 de junio hubo «múltiples daños y agresiones consumadas por un grupo de personas» y de que «existe una razonable conexión entre las particularidades de los eventos», por lo que aún resta «identificar y dar con el paradero del resto de los agresores».