Los hombres de traje negro aparecieron hace unas semanas, se paran en la fila de molinetes para controlar el pago de la tarifa, violentan a quienes quieren evadir los molinetes. Asimismo, denuncian que violan la ley de Seguridad Pública de la Ciudad y el convenio de Metrodelegados.

Por otra parte, hace unas semanas aparecieron unos hombres vestidos con traje negro en todas las estaciones de subte. Asimismo, muchos usuarios no pueden pagar el boleto que en pocos meses pasó de $125 a $650 a la espera de otro aumento pendiente que llevaría el valor a $757. Con la llegada del gobierno libertario aumentó la pobreza, se profundizó la crisis económica, hay ajuste, y a muchos trabajadores se les hace imposible pagar el transporte público.

A la vez,  estos hombres de negro, puestos detrás de los molinetes, ejercen una violencia simbólica que se transforma en física si alguien quiere pasar sin pagar el boleto. En tanto, la función que cumplen viola el convenio firmado con Metrovías, actualmente vigente bajo la nueva fachada de la empresa y el cambio de nombre, EMOVA.

Por otro lado, el artículo 455 de la Ley 5688 que refiere al “Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad”, ordena que el personal debe “llevar consigo la credencial que acredite su habilitación debiendo exhibirla cada vez que le sea requerida” además de contar con una “identificación visible de nombre, apellido y número de registro en su uniforme”. Situación que la empresa no cumple.

“La importancia de que estén identificados es porque pueden ocurrir situaciones de violencia, de maltrato y para efectuar cualquier canal de denuncia, así sea judicial o también interno, uno tiene que saber a qué empresa está prestando servicios”, comenta Natalia D’Alessandro, abogada e integrante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI).

En tanto, la especialista en seguridad sostiene que el requerimiento “es el mismo que la Ley exige a funcionarios policiales, porque cualquier instancia de control de denuncia que se quiera hacer sobre un maltrato recibido por parte de ellos o de ellas exige poder identificarlos. Si bien se puede identificar en cuanto al lugar y el horario en que están prestando servicios, obviamente que ahí queda como a disposición de la institución o de la empresa poder identificar, o no, al personal involucrado en un hecho que puede dar origen a un delito o a una acción administrativa”, culmina.

Asimismo, en el acta firmada en la última audiencia entre metrodelegados y EMOVA realizada el 30 de julio pasado, se atestigua el reclamo gremial, pero la empresa se negó a plasmar por escrito la razón social de la tercerizada, la cantidad de personal contratado, la paga y el gasto que representa.

Por otra parte, la empresa en cuestión es Rebor Seguridad S.A., radicada en la Provincia de Buenos Aires y habilitada para ejercer su actividad en Capital Federal, en la Provincia de Santa Fe, en Chaco, y en la Provincia de Córdoba. En tanto, la sede de CABA se ubica en Fray. J. María de Oro 2350, 1°C en el barrio de Palermo y fue fundada sobre finales de los 90´. Entre otros clientes se encuentran el Grupo Arcor, La Serenísima, el Grupo Roggio, La Suizo Argentina y Bagley.

Asimismo, EMOVA contrató alrededor de 80 personas de la firma Rebor que trabajan entre 8 y 10 horas, con salarios que no llegan a los 700.000 pesos. “La semana pasada hicimos una presentación a partir de la aparición de esta gente en la línea de molinetes que, por otro lado, es violatoria de nuestro convenio colectivo de trabajo firmado con la empresa”, comentó Jorge Méndez, secretario de organización de metrodelegados.

A la vez, el apartado de dicho convenio estipula una de las funciones que debe ser realizada por trabajadores de subte y no por agentes externos: “Colabora en el control del correcto ingreso y pago de los usuarios y las acreditaciones de invalidez, jubilación y otras gestiones administrativas que hacen al expendio de pasajes o servicios a los usuarios”.

Por otra parte, esta función EMOVA la dejó en manos de estos hombres que encima ejercen violencia y no están identificados. “La audiencia fue en la subsecretaría de trabajo y la empresa dijo que a estas personas las contrataron por el término de 90 días para recuperar los valores de recaudación porque en los últimos meses hubo mucha evasión”, agrega Méndez y recuerda que “la seguridad la tiene que brindar el Estado y no privado, pero EMOVA argumenta que ellos no están para hacer seguridad sino para velar por los intereses de la empresa. No quieren reconocer que son de seguridad porque saben que es ilegal”.